Madrid Wiki

Un gobierno sin paracaídas

La primera premisa que debemos recordar es que la crisis actual es política y sólo política. No hay ningún argumento económico que justifique unas políticas de austeridad que en definitiva empujan a  la recesión. El problema reside únicamente en el agujero contable de las grandes entidades financieras españolas y europeas -generosamente engordado por varios lustros de sucesivas burbujas financieras unidas a un modelo económico basado en el ladrillo, el macroevento y las infraestructuras que nunca pedimos y que hoy se demuestran un auténtico agujero negro de deuda y expolio- y en la incapacidad de encontrar un nicho de negocio rentable en una situación de caída generalizada de los mercados. En este sentido, todas las decisiones dirigidas por el rigor fiscal, la austeridad y el control del déficit  están únicamente orientadas a defender el interés de los grandes acreedores -léase bancos y fondos de inversión- que han convertido la deuda pública en el gran negocio, el único negocio, ahora disponible.

De esta premisa se extrae la segunda: las decisiones políticas que han acabado por desembocar en la crisis de la deuda, se toman sólo en unos pocos centros de poder. A nivel europeo, el único que realmente  importa, los centros son el gobierno alemán de Ángela Merkel y el rígidamente ortodoxo Banco Central Europeo. A escala española, pero como  un simple recadero, último eslabón de una larga cadena de mando que  comienza en las grandes entidades financieras: el gobierno del Estado y las comunidades autónomas, que son más o menos afines a la ideología del ajuste y la deuda.

Vemos cómo nuestro gobierno no hace nada por impedir que la deuda siga y siga creciendo. América Latina vivió una década perdida. Una década de pobreza se le augura a Grecia. Es necesario bloquear la bola de nieve. Cuanto más tiempo pase, más pobres seremos, más desestructurados estarán nuestros servicios públicos, menos margen de maniobra tendremos. Un gobierno que no dice basta y rompe el círculo vicioso de la deuda es un gobierno ilegítimo. Un gobierno que vende a sus ciudadanos por salvar el beneficio de los bancos es un gobierno ilegítimo. En Argentina, después de la crisis de 2001, sólo la caída del gobierno abrió un proceso que acabó con la deuda. En Islandia, únicamente la expulsión de los políticos impuso el impago y un cambio de rumbo económico. Pero, ¿cómo se derroca un gobierno? La retórica de la democracia bipartidista es poderosa, aunque la legitimidad no sólo depende de los votos.

Los chantajes ya no sirven

Nos lanzamos a ir anticipando algunos acontecimientos en el futuro inmediato: seguirán produciéndose nuevos ataques de  los mercados, la prima de riesgo subirá por encima de los 600 puntos, la  intervención europea de la economía española dejará de estar envuelta en la retórica de las “políticas europeas” a ser un control directo de las cuentas públicas para garantizar la deuda. Al mismo tiempo, aparecerán, ya están aquí, los primeros  cantos a la reforma: se hablará de  abandonar, siempre parcialmente, las  medidas de austeridad, de  recuperar la senda del crecimiento económico, de mantener parcialmente el Estado del bienestar. Y sin  embargo, no nos deberemos conformar, se  trata sólo de retóricas y de  medidas parciales para dosificar un proceso de expolio brutal. Sencillamente, nuestra clase política, española y europea, carece de toda alternativa que no consista en seguir los mandatos de quienes realmente dirigen la actividad económica del continente: las grandes entidades financieras.

Cuando dicen que “no  podemos permitir la ocupación de las plazas, acabarán por minar la  confianza de los mercados”, no están dando una pista. ¿Qué pasaría si en determinado momento permaneciéramos en las plazas? En Egipto derrocaron a un dictador y en Islandia a un gobierno corrupto. Pero, ¿qué pasaría si se disparara la deuda sin gente en las calles? En Italia han impuesto un presidente que nadie ha votado. Cuando caiga el gobierno de Rajoy, quizás convoquen elecciones o se establezca una alianza entre PSOE, CIU y PNV para asegurar el pago de la deuda y contrarrestar el poder de quienes toman las calles. Pero sólo gobernarían para ser testigos  privilegiados de la rápida erosión de su legitimidad, al hacerse visible  la separación entre la sociedad y la clase política, entre el país real y la representación del país.

“España es demasiado grande para ser rescatada”, lo hemos oído mil veces ¿Qué pasaría con los bancos alemanes y franceses, los acreedores, si se viera que no hay forma de pagar la deuda? ¿Y si se contagia a Italia?  Aun más interesante, ¿y si movimientos como el 15M prenden en otros países, quizás Italia? ¿Serían capaces de mantener las mismas políticas de austeridad y recortes en favor de los acreedores con una Europa en ebullición social y una moneda en caída libre? ¿Podrán seguir gobernando como si pasara nada? ¿Podrán mantener las  mismas políticas de expolio social en todo el continente frente a movimientos que aglutinen a gentes muy diversas a escala europea? ¿Podrán seguir pisando el acelerador del expolio en el marco de unas economías que conducen descaradamente a la ruina?

Una revolución democrática

Por todo esto la revolución parece consistir en desplazar a las actuales élites políticas que no van a hacer nada por la gente común. Pero la pregunta fundamental reside en esta ecuación: ¿cómo hacer que la destitución de la clase política sea paralela a la constitución de nuevas formas de  democracia a diferentes escalas desde lo local a lo continental? Aquí, otra vez, los caminos dejan de estar trillados. Sin  duda serán valiosas todas las experiencias de creación de alternativas, la autogestión y la toma directa de los servicios públicos poniendo en juego nuevas formas de uso y gestión de los bienes comunes. También las asambleas en las plazas o en los centros de trabajo y las redes digitales aportarán experiencias y herramientas para la democratización de la política y el poder. Sin estos experimentos no hay, de hecho, democracia que realmente lo sea. Es tiempo de cambio, de innovación.

También irán apareciendo nuevas candidaturas electorales -véase partidos piratas o amplias coaliciones de pequeños partidos- que  intenten arrebatarles la capacidad de ejercer el poder político dentro de las instituciones existentes, aunque sólo sea para hacer que esas mismas instituciones no impidan crear otras nuevas. Habrá que exigirles, entonces, a estas nuevas plataformas políticas, que tengan  programas claros y consensuados de democratización, recordarles a aquellos que se postulen como candidatos que sus mandatos son  revocables y que deberán estar plenamente sujetos al control de nuevas formas de intervención democrática y asumir la capacidad de generar propuestas de las asambleas ciudadanas. En definitiva, que deben obedecer y hacerlo gracias a un nuevo sistema, más democrático y más justo. Existen ejemplos de sobra de nuevas formas institucionales como las que han atravesado América Latina en los últimos diez años o las que han surgido de la revolución islandesa. El sistema de partidos no sirve, la delegación casi absoluta de la soberanía en alguien que no tiene responsabilidad alguna para con sus votantes es un peligro para la democracia y el bienestar.

Desde los días que siguieron al 15 de Mayo de 2011, venimos empleando largo tiempo en pensar este proceso constituyente: qué nuevas formas de participación directa y deliberativa utilizar, qué reforma del sistema electoral, qué derechos sociales será necesario legislar,  qué tipo de controles financieros imponer y qué tipo de economía se quiere fomentar, y así un largo etc. Es mucho por lo tanto lo ya avanzado, sólo nos falta la manera de hacerlo realidad. Y juntarnos para conseguirlo.